LA MINERIA INFORMAL EN HUAMACHUCO

Por: Dionicio Mantilla León

Hace unos días alrededor de 6,000 pobladores, en su mayoría mineros artesanales, de los caseríos de Coigobamba, Shirancmaca y el Toro, cercanos a Huamachuco, invadieron las principales calles de nuestra ciudad con el objeto de manifestar su protesta en contra del acoso del que vendrían siendo víctimas de parte de la empresa Consorcio del Centro S.A.C. (ex Santa Marina) la misma que habría denunciado a varios de sus compañeros. Una empresa minera perteneciente a la familia Sánchez Paredes que posee denuncios mineros en las faldas del cerro El Toro, lugar convertido desde hace algunos años en el núcleo de una amplia zona de explotación minera que abarca los poblados de Coigobamba, Shirancmaca, el Toro y Paranshique, explotación que está a cargo de miles de campesinos que han abandonado sus labores agrícolas a cambio de la actividad minera artesanal que al parecer les está dando mayores dividendos.
El conflicto que viene suscitándose en esta zona pone nuevamente en el ojo de la tormenta la validez de la minería artesanal e informal y su repercusión social y medio ambiental en Huamachuco, problema que viene profundizándose cada vez más sin que hasta ahora merezca la atención de parte de las autoridades regionales y nacionales pese a ser ampliamente conocido, y pese al tiempo transcurrido. Para nadie es desconocido que las prácticas informales de los mineros artesanales viene acompañado de un manejo incorrecto de los insumos mineros los que son letales para la salud humana el mismo que en esta zona viene ocasionando la contaminación de las aguas del río Shirancmaca y, consecuentemente, la desaparición de la flora y la fauna. Hecho nocivo que también iba a afectar las aguas del rio Grande que provee del líquido elemento a la ciudad de Huamachuco, pero debido a la enérgica actitud del ex burgomaestre, Dr. Héctor Rodríguez Barboza, esto no ocurrió.
La minería informal practicada en el Toro y caseríos aledaños viene propiciando, de otro lado, agudos problemas sociales por cuanto los mineros artesanales vienen empleando menores de edad en sus labores, asimismo, no se proveen los implementos pertinentes de seguridad a los operarios, habiéndose producido ya algunas muertes, a estos se agrega la aparición de la prostitución clandestina y la delincuencia. En suma, todo un problema social mayúsculo que provoca una gran preocupación de la comunidad huamachuquina.
Según se sabe, la gran mayoría de mineros informales que operan en la zona no son propietarios ni conductores directos de las vetas que explotan sino que laboran para otros micro empresarios, constituidos por conocidos personajes huamachuquinos conociéndose de buena fuente que los salarios que perciben los obreros están sujetos al lucro de quienes los contratan quienes no actúan con un criterio de justicia. Es preciso señalar, de otro lado, que las causales de los conflictos sociales surgidos entre los mineros informales huamachuquinos y la empresa Consorcio del Centro S.A.C. son diferentes a los que se vienen produciendo en otros logares del país (el norte y sur de Puno) puesto que los mineros artesanales de El Toro y zona de aledaña no luchan por evitar la contaminación ambiental de su medio que pareciera no les interesara, sino por eludir el acoso del que vendrían siendo objeto los campesinos para obligarles a vender el suelo de sus tierras de cultivo a la empresa minera Consorcio del Centro S.A.C. la misma que, como es lógico, al hacer los denuncios mineros respectivos sólo se le ha entregado la propiedad del sub suelo.
Sin lugar a dudas que el justo reclamo de los campesinos de los caseríos antes mencionados merece la debida atención de parte de las autoridades pertinentes, esto es, el Gobierno Regional, el Concejo Regional y los congresistas liberteños. Urge que este presunto acoso continúe. Urge, también, que el problema de la minería informal sea abordada con la urgencia requerida para la salvaguarda de la salud de la población huamachuquina, - planteándose como alternativa su formalización-, así como para evitar la agudización de los problemas sociales. No es posible que nuestras autoridades de la Gerencia Regional de Energía y Minas y el Ministerio Público, sigan cubriéndose con el manto de la indiferencia y la negligencia empleando la “táctica de la avestruz” que esconde la cabeza para no ver lo que acontece en su alrededor.